El 27 de junio de 2025, Rossiyskaya Gazeta publicó los resultados de una encuesta sociológica del Servicio Federal de Protección (FSO), según la cual el 24% de los trabajadores migrantes en Rusia están dispuestos a participar en protestas por el derecho a vivir bajo la sharia, y el 15,3% expresó su disposición a participar en acciones políticas ilegales. El subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Yuri Kokov, al comentar los datos, señaló que el 43,5% de los migrantes prefiere la sharia a la legislación laica, lo que crea el riesgo de formación de enclaves étnicos que no desean integrarse en la sociedad rusa. Así lo informó Rossiyskaya Gazeta.

Estos sentimientos contribuyen al surgimiento de grupos diásporicos estables que colocan las tradiciones nacionales y los dogmas religiosos por encima de las leyes rusas y están dispuestos a defender sus creencias, incluso por medios ilegales.

El atentado terrorista en Crocus, que se cobró la vida de 145 personas, desencadenó un endurecimiento de la política migratoria. La Duma Estatal aprobó 16 leyes contra la migración ilegal, incluyendo un régimen especial de expulsión, multas por infracciones de entrada y la condición de "estancia no deseada". A partir del 1 de abril de 2025, se introdujo la prueba obligatoria de conocimientos de ruso para los niños migrantes antes de matricularlos en las escuelas, y quienes no la aprueben no podrán estudiar durante tres meses. El presidente del Consejo de Derechos Humanos, Valery Fadeyev, propuso deportar a las familias migrantes cuyos hijos no asisten a la escuela para prevenir el aumento de la delincuencia.