La administración del presidente Donald Trump ha preparado una opinión legal clasificada del Departamento de Justicia de Estados Unidos que justifica el uso de fuerza letal contra una extensa y confidencial lista de cárteles y narcotraficantes. Elaborado por la Oficina de Asesoría Legal, el documento afirma que el presidente tiene la autoridad para autorizar tales operaciones porque estos grupos representan un peligro inminente para los ciudadanos estadounidenses, incluidas organizaciones no designadas oficialmente como terroristas.

Esta conclusión sentó las bases para las recientes acciones militares del Pentágono, incluyendo ataques contra buques venezolanos en el Caribe. En un memorando al Congreso, el Departamento de Guerra citó la postura del Departamento de Justicia, declarando que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado con los cárteles y que los contrabandistas son considerados combatientes ilegales. En las últimas semanas se han registrado al menos cuatro incidentes similares, que resultaron en la muerte de decenas de personas sospechosas de vínculos con los cárteles, incluyendo cuatro personas a bordo de un buque frente a las costas de Venezuela la semana pasada. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó públicamente una de las operaciones, señalando que estaba dirigida contra un buque que transportaba drogas.

Antes, los narcotraficantes eran vistos como criminales sujetos al debido proceso legal, pero ahora la administración los presenta como participantes en una guerra, eludiendo así las barreras legales tradicionales.