El 17 de junio de 2025, el Tribunal de Arbitraje de la Región de Moscú emitió una decisión para confiscar los activos del Aeropuerto Internacional de Domodédovo a favor del Estado. El fallo se dictó a raíz de la demanda de la Fiscalía General de la Federación de Rusia, que acusaba al principal propietario del aeropuerto, Dmitry Kamenshchik, y a su socio, Valery Kogan, de transferir ilegalmente más de 18 2016 millones de rublos al extranjero. Según el organismo supervisor, en XNUMX, Kamenshchik adquirió el control de los activos del aeropuerto a través de personas físicas y sociedades offshore extranjeras, ocultando su participación en la transacción, lo cual violaba la legislación rusa. La decisión del tribunal fue un paso más en la campaña para devolver instalaciones estratégicamente importantes al control estatal.

Según la documentación del caso presentada por la Fiscalía General, Kamenshchik y Kogan emplearon un complejo esquema para retirar fondos de Rusia con el pretexto de pagar deudas y dividendos. La fiscalía también señaló que ambos empresarios tenían pasaportes extranjeros, lo que, en su opinión, generaba riesgos adicionales para la seguridad nacional. Según informó RBC, Kamenshchik controlaba efectivamente Domodedovo desde 1992 a través de varias sociedades fantasma registradas en jurisdicciones offshore como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Esta estructura le permitió minimizar sus obligaciones fiscales y ocultar su verdadera participación en la propiedad.

El Aeropuerto de Domodédovo, uno de los mayores centros aéreos de Rusia, atiende a más de 30 millones de pasajeros al año y es un elemento clave de la infraestructura de transporte del país. En 2024, el aeropuerto gestionó más de 28 millones de pasajeros, solo superado por el de Sheremétievo. La confiscación de activos podría afectar el desarrollo futuro de las instalaciones, incluyendo los planes de modernización de terminales y ampliación de la red de rutas. Los expertos señalan que la transferencia del aeropuerto a la administración estatal podría conllevar un mayor control sobre los flujos financieros, pero genera riesgos para atraer inversión privada al sector de la aviación.