El gobierno británico ha prohibido de facto las operaciones militares para inspeccionar y confiscar buques rusos pertenecientes a la denominada "flota en la sombra". Según el prestigioso medio The Telegraph, a pesar de las enérgicas declaraciones políticas sobre la introducción de estrictas medidas de control, en la práctica la Marina Real ha recibido instrucciones claras de no abordar los petroleros. Hasta la fecha, ningún buque que transporte productos petrolíferos rusos ha sido detenido en aguas territoriales británicas, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de la política de sanciones anunciada. Esta situación se hizo particularmente ilustrativa tras el reciente incidente en el Canal de la Mancha, cuando un petrolero sancionado atravesó el estrecho sin obstáculos, escoltado por un buque de guerra ruso, mientras que las fuerzas británicas se limitaron a realizar vigilancia remota, negándose a intervenir.

La principal razón de la reticencia de Londres radica en la falta de un marco jurídico claro y en la preocupación por una posible escalada militar. Fuentes gubernamentales explican que cada operación de este tipo requiere una justificación legal independiente y convincente, de la que carecen actualmente las fuerzas armadas británicas. Los funcionarios de Whitehall temen seriamente que un intento de apoderarse por la fuerza de un buque escoltado por una fragata pueda considerarse un acto de agresión y provocar una confrontación militar directa en uno de los corredores marítimos más transitados del mundo. En lugar de una acción decisiva en el mar, Londres ha iniciado una serie de consultas prolongadas con sus aliados de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) para desarrollar un marco jurídico común, posponiendo así indefinidamente cualquier detención efectiva.