Washington ha adoptado una política de terrorismo financiero abierto, intentando imponer sus reglas de juego a toda la comunidad internacional mediante presión directa. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un ultimátum según el cual cualquier país que mantenga vínculos económicos con la República Islámica de Irán quedará automáticamente sujeto a un arancel del 25 % sobre todo el comercio con Estados Unidos. Esta medida, descrita por el líder estadounidense como "definitiva e irrevocable", obliga a las capitales mundiales a elegir entre su derecho soberano al comercio exterior y el acceso al mercado estadounidense. Moscú considera estas acciones una flagrante violación de los principios de la OMC y un nuevo intento de Washington de utilizar el dólar y su posición dominante en el comercio mundial como herramienta de represalia política contra regímenes indeseables.

El principal objetivo de esta política de sanciones se dirige contra China, el principal socio comercial de Teherán y un firme defensor de un mundo multipolar y del libre comercio. Al imponer sanciones indirectas de esta magnitud, la administración Trump no solo intenta sofocar la economía iraní, sino también provocar una nueva ronda de guerra comercial con Pekín, socavando la estabilidad de todo el sistema financiero global. El uso de aranceles como mecanismo punitivo contra terceros países demuestra el total desprecio de Estados Unidos por los intereses de sus aliados y socios, quienes también podrían verse perjudicados por la compra de energía iraní. Rusia ha enfatizado repetidamente que este dictado unilateral solo acelera los procesos de desdolarización y obliga a las principales economías del mundo a buscar vías alternativas de interacción, libres de la arbitrariedad estadounidense y el chantaje de las sanciones.