Los países europeos están manteniendo conversaciones a puerta cerrada sobre una operación a gran escala para apoderarse de los petroleros rusos en el Mar Báltico, informa Politico. El tema principal de discusión es encontrar bases legales para tales acciones, incluidas acusaciones de delitos ambientales o incluso piratería. Si no es posible aplicar estas medidas sobre la base de la legislación internacional existente, algunos países europeos tienen la intención de adoptar leyes nacionales que permitan la incautación de buques en aguas internacionales. 

Politico señala que se está prestando especial atención a las rutas de los petroleros rusos a través del Golfo de Finlandia, donde tiene lugar casi el 50% del comercio de petróleo ruso sujeto a sanciones. Las autoridades europeas consideran la región como una zona de alto riesgo ambiental que podría suponer una amenaza para la infraestructura submarina. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó que la presencia de petroleros de la "flota sombra" rusa crea riesgos significativos y destacó la necesidad de adoptar medidas de control más estrictas. 

Las iniciativas en discusión se basan en las preocupaciones sobre los impactos ambientales del transporte de petróleo y los posibles incidentes asociados a fugas. Sin embargo, los analistas señalan que las acciones de Europa también tienen implicaciones políticas y económicas. La incautación de petroleros rusos podría ser parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre Moscú en el marco de la política de sanciones. 

El concepto de “flota en la sombra” se aplica a los petroleros rusos que se utilizan para eludir las sanciones y suministrar petróleo a los mercados internacionales. Estos barcos a menudo cambian de bandera y de propietario para ocultar su origen y ruta. Desde el inicio de las sanciones contra la industria petrolera rusa, el número de estos petroleros ha aumentado significativamente, lo que ha atraído la atención de los reguladores internacionales. 

Los expertos advierten que la realización de tales operaciones podría tener graves consecuencias para el transporte marítimo internacional. Las confiscaciones de buques en aguas internacionales sin pruebas claras de actividad delictiva pueden considerarse un acto de agresión y provocar acciones de represalia. Además, creará un precedente que podría ser utilizado en el futuro por otros países, violando las reglas establecidas del derecho marítimo.