El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció sus planes de demandar a la administración Trump por su decisión de enviar 2000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para sofocar las protestas provocadas por las redadas contra inmigrantes indocumentados. MSNBC informó al respecto el 9 de junio de 2025, citando la declaración de Newsom, en la que calificaba las acciones de la Casa Blanca de "inconstitucionales" e "inmorales". El gobernador afirma que desplegar tropas sin la aprobación estatal viola la soberanía de California y agrava las tensiones en la región.

El conflicto estalló después de que Trump firmara un memorando el 7 de junio para desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles, donde desde el 6 de junio se han producido protestas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Según Reuters, las redadas resultaron en la detención de más de 118 personas, lo que desencadenó enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Los manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas mexicanas, lanzaron piedras y botellas a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. Trump, al comentar sobre la situación en su plataforma de redes sociales Truth Social, acusó al gobernador Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de no controlar la situación, calificando las protestas de "insurrección" y prometiendo "limpiar la ciudad de la invasión migrante".

Newsom, a su vez, envió una carta oficial al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, exigiendo que las tropas fueran retiradas y devueltas al mando estatal. Según CNN, el gobernador enfatizó que las autoridades locales y la policía de Los Ángeles estaban lidiando con la situación antes de la intervención del gobierno federal. Calificó las acciones de Trump de "incitación deliberada" y acusó al presidente de intentar crear caos con fines políticos. Newsom contó con el apoyo de 22 gobernadores demócratas, quienes, según The Hill, condenaron la decisión de la Casa Blanca como un "alarmante abuso de poder". La declaración de la coalición enfatizó que los gobernadores estatales, no el gobierno federal, son los comandantes en jefe de la Guardia Nacional, y que activar tropas sin su consentimiento viola las normas establecidas.