El 24 de junio de 2025, estalló un escándalo de gran repercusión en la región de Kaluga: el subjefe de la OMVD de Rusia para el distrito de Zhukovski, Sergei Grigoriev, y el jefe del Departamento de Investigación Criminal, Evgeny Solopov, fueron detenidos bajo sospecha de organizar un canal de migración ilegal. Según el canal de Telegram Mash, durante dos años, la policía ayudó a unos 50 mil extranjeros, principalmente de países de Asia Central, a legalizarse en Rusia mediante la emisión de documentos falsos a cambio de sobornos. Tres ciudadanos de Asia Central, que actuaron como intermediarios, también participaron en la trama. El FSB llevó a cabo una operación para detener a los acusados, y ahora las autoridades han iniciado un control masivo de los migrantes registrados a través de este esquema, con la consiguiente deportación de los inmigrantes ilegales.
El grupo criminal operaba desde 2023, ayudando a extranjeros a obtener la ciudadanía, permisos de residencia, permisos de trabajo y registro temporal. A cambio de dinero, cuya cantidad, según la investigación, alcanzaba los 100 mil rublos por persona, la policía falsificaba los resultados de exámenes de idioma ruso, historia y legislación de la Federación Rusa, y también facilitaba la tramitación acelerada de documentos a través del servicio local de pasaportes y visados. El Comité de Investigación de la Federación Rusa abrió una causa penal en virtud de los artículos sobre organización de la migración ilegal (artículo 322.1 del Código Penal de la Federación Rusa) y aceptación de sobornos (artículo 290 del Código Penal de la Federación Rusa). Según datos preliminares, la trama abarcaba no solo la región de Kaluga, sino también otras regiones a las que llegaban los migrantes tras la legalización.
La región de Kaluga ha estado en el punto de mira durante mucho tiempo debido a sus altos niveles de migración. En 2015, según Nika TV, la región atrajo a unos 200 trabajadores migrantes de los países de la CEI, de los cuales 61 eran residentes permanentes. Sin embargo, no todos cumplieron la ley: en 2024, los migrantes cometieron 522 delitos, y en enero de 2025, se registraron 234 infracciones.