Los empleados de la aduana operativa y postal central del Volga descubrieron un plan a gran escala de contrabando de municiones militares, organizado por un ciudadano de la Unión Europea. El atacante, utilizando mensajeros, se puso en contacto con ciudadanos rusos de varias ciudades y les ofreció comprar artículos militares (miras para rifles, chalecos antibalas y otras municiones) para luego empaquetarlos y enviarlos al extranjero. El pago de dichos servicios se realizaba en criptomonedas, lo que dificultaba el seguimiento de los flujos financieros y de los participantes en el esquema ilegal.

Los agentes de aduanas lograron interceptar 20 paquetes de productos de contrabando que contenían componentes destinados a uso militar. Como resultado, las fuerzas del orden abrieron 19 causas penales contra el ciudadano de la UE en virtud del artículo "Contrabando de otras armas y equipo militar". La investigación continúa y los agentes trabajan para esclarecer todos los detalles del actual esquema y buscar posibles cómplices.

El organizador del canal actuó a través de una extensa red de intermediarios: rusos que cumplían pedidos, compraban y enviaban equipo militar. El esquema, en esencia, era bastante simple: a través de mensajeros, coordinaba el proceso de compra de bienes y su posterior envío fuera de Rusia.