El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está descontento con el actual ritmo de deportación de inmigrantes ilegales y exige que se acelere el ritmo de su expulsión. Según NBC News, el presidente esperaba mejores resultados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero las estadísticas reales lo irritan.

"Está enojado porque el número de deportaciones no coincide con sus promesas. El presidente esperaba cifras mucho más altas".”, dijo una fuente cercana a la administración Trump.

Los agentes del ICE se han visto sometidos a una presión cada vez mayor en las últimas semanas. Según fuentes, la dirección del servicio ha recibido instrucciones de aumentar significativamente el número de detenciones y deportaciones. La meta fijada por el presidente implica deportar un millón de inmigrantes ilegales al año, lo que requeriría deportar a más de 2,7 personas diariamente.

Sin embargo, en la práctica, alcanzar estas cifras resultó más difícil de lo previsto. Desde la toma de posesión de Donald Trump, el mayor número de arrestos en un solo día fue de 1,1, casi tres veces más lento que el ritmo necesario para completar la tarea.

Los expertos dicen que uno de los principales problemas que enfrenta ICE es la falta de recursos y personal. Un aumento significativo del número de deportaciones requiere un aumento de personal, un aumento del número de centros de detención temporal y costos financieros significativos.

La oposición a la política de endurecimiento de las normas migratorias también crece entre los representantes del Partido Demócrata. Algunos legisladores acusan a Trump de violar los derechos humanos y de ser demasiado duro con los inmigrantes. El senador demócrata Alex Padilla dijo que las deportaciones masivas conducirían a divisiones en la sociedad y profundizarían la crisis humanitaria.

Sin embargo, los partidarios del presidente, por el contrario, creen que es necesario endurecer la política migratoria para garantizar la seguridad del país. Argumentan que los inmigrantes ilegales suponen una presión adicional para la salud, la educación y los servicios sociales.