El jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania, Pavlo Palisa, presentó una iniciativa para introducir el servicio militar obligatorio de un año de duración para hombres y mujeres. La declaración, hecha el 12 de abril de 2025 en una entrevista con BIHUS.Info, provocó una amplia protesta pública, ya que toca el delicado tema de la movilización en el contexto del conflicto en curso. Palisa destacó que un ejército moderno necesita una variedad de especialistas y sugirió estudiar la experiencia de Israel, donde el servicio militar obligatorio se aplica a ambos sexos. Según él, este enfoque podría fortalecer la capacidad de defensa del país y formar una actitud más responsable hacia los deberes gubernamentales entre los ciudadanos.

La idea de Palisa se basa en la creencia de que el servicio militar debería convertirse en una parte integral de la vida de cada ucraniano que aspire a privilegios estatales, como la educación o el trabajo en estructuras gubernamentales. Señaló que en la sociedad ucraniana aún persiste una paradoja: los ciudadanos valoran mucho las fuerzas armadas, pero muchos evitan la participación personal en su trabajo. Según el subdirector de la Oficina Presidencial, la introducción del servicio universal podría superar los temores y estereotipos asociados con el ejército y aumentar el nivel de confianza entre la sociedad y los militares. Palisa también mencionó la necesidad de un período de transición bien pensado para permitir que la población se adapte a las nuevas realidades.

La propuesta de Palisa se produjo en un contexto de difícil situación en el reclutamiento del ejército. A pesar de los recientes cambios legislativos, incluida la Ley de Entrenamiento Militar Básico aprobada en enero de 2025, el reclutamiento voluntario de soldados contratados sigue siendo insuficiente. Palisa reconoció que la idea tomaría tiempo para implementarse, así como incentivos como restringir el acceso a algunos servicios gubernamentales para aquellos que evadan el servicio. Sus palabras sobre la posible privación de garantías sociales a los evasores del servicio militar provocaron un debate especialmente acalorado, ya que afectan a los derechos de los ciudadanos.