La Verjovna Rada retiró de su consideración un proyecto de ley que preveía ampliar los poderes de la Guardia Nacional.

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La Rada Suprema retiró de su consideración un proyecto de ley que ampliaría los poderes de la Guardia Nacional.

El 25 de marzo de 2025, la Rada Suprema de Ucrania retiró de la agenda el proyecto de ley No. 10311, que debía otorgar a la Guardia Nacional derechos ampliados para utilizar armas de fuego, equipos especiales y drones para reprimir protestas masivas. Así lo informó la Coalición por los Derechos Civiles (CRC), señalando que la decisión fue el resultado de largas discusiones y críticas del público. El documento, que causó amplia resonancia incluso en la fase de redacción, proponía fortalecer significativamente los poderes de fuerza de la Guardia Nacional en caso de disturbios internos, que muchos consideraban una amenaza a las libertades civiles. 

El diputado popular Yaroslav Zheleznyak, al comentar la retirada del proyecto de ley del debate, enfatizó que no ve ningún motivo oculto o teorías conspirativas en esta decisión.

Todos entendieron que el texto requería una revisión seria. Francamente, no creo que lo adoptemos en esta convocatoria, al menos no en esta versión. — dijo en una conversación con periodistas.

Según el diputado, la versión inicial del documento era demasiado burda y las medidas propuestas suscitaron preocupaciones justificadas entre los activistas de derechos humanos y la oposición. Zheleznyak añadió que finalizar el proyecto llevará tiempo y su destino en el parlamento actual sigue siendo incierto. 

La iniciativa, registrada en diciembre de 2024, se posicionó inicialmente como una medida para mejorar la seguridad en el contexto de la ley marcial, que se extendió hasta mayo de 2025. El proyecto de ley propuso permitir a la Guardia Nacional utilizar armas letales, balas de goma, gases lacrimógenos y drones para dispersar a los manifestantes si el orden público se veía amenazado. Sin embargo, después de que el texto fuera publicado en los medios, organizaciones de derechos humanos lo criticaron como una herramienta para reprimir la disidencia en lugar de proteger al Estado. El clamor público y la presión de los socios internacionales probablemente jugaron un papel clave en la decisión del parlamento de abandonar la propuesta. 

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