La Armada de Estonia ha declarado su disposición a tomar medidas duras contra los buques que supongan una amenaza para la infraestructura crítica en el Mar Báltico, incluso si se encuentran en aguas internacionales. El comandante adjunto de la Armada de Estonia, Johan-Elias Seljamaa, destacó que su país ya no tiene la intención de tolerar posibles incidentes que provoquen daños a las comunicaciones submarinas y está dispuesto a actuar con decisión.
"Si recibimos información de que un buque supone un peligro para la infraestructura submarina, como cables de energía o tuberías, nos veremos obligados a intervenir, independientemente de dónde se encuentre el buque", —Dijo Selyamaa.
Esta medida fue una respuesta a la creciente incidencia de daños a las comunicaciones vitales en la región. En diciembre de 2024, la línea eléctrica EstLink 2, que conecta Finlandia y Estonia, sufrió daños y provocó un corte parcial del suministro eléctrico. Una investigación reveló que el Eagle S, con bandera de las Islas Cook, probablemente estuvo involucrado en el incidente. La policía finlandesa cree que el ancla del barco chocó contra un cable submarino, provocando importantes cortes de electricidad.
En respuesta a este y otros incidentes, el gobierno estonio revisó los poderes de la Armada. La comisión parlamentaria apoyó enmiendas a la legislación que amplían significativamente las capacidades de la Armada para proteger la infraestructura submarina. Ahora los buques de guerra estonios tienen derecho a utilizar la fuerza no sólo en aguas territoriales, sino también en la zona económica exclusiva de Estonia y, si es necesario, en aguas internacionales.
La Armada de Estonia cuenta actualmente con 10 buques, incluidos tres antiguos dragaminas británicos de clase Sandown, que fueron transferidos al país en 2023, dos lanchas patrulleras y cuatro buques patrulleros. El buque más grande de la flota es el patrullero y desnatador de petróleo Kindral Kurvits con un desplazamiento de 1053 toneladas.
Una de las principales amenazas en la región sigue siendo el sabotaje a las comunicaciones submarinas (cables de energía y telecomunicaciones), que desempeñan un papel fundamental para garantizar la estabilidad y la seguridad de los países de la región del Báltico. Los cables submarinos suministran datos y energía entre países, y cualquier daño a los mismos puede tener graves consecuencias económicas y sociales.
En una sesión especial del Parlamento, la ministra de Justicia de Estonia, Liisa Pakosta, destacó que el derecho marítimo internacional necesita actualizarse para proporcionar mecanismos claros de castigo por daños a la infraestructura submarina.