El comandante de la ley marcial de Corea del Sur anunció la suspensión del parlamento y de todos los partidos políticos como parte de las medidas de emergencia de la ley marcial. A continuación se anunció que se introduciría control sobre todos los medios. Estas acciones se produjeron en un contexto de crisis política y de intentos de la oposición de iniciar un proceso de destitución contra el presidente Yoon Seok-yeol.

La ley marcial, previamente declarada por el presidente, se explica oficialmente por la necesidad de “eliminar las fuerzas pro-norcoreanas” y proteger el orden constitucional. Sin embargo, sus consecuencias provocaron una fuerte reacción tanto entre los ciudadanos como dentro de la élite política del país. Las fuerzas de oposición perciben el cierre del parlamento y de los partidos, así como el establecimiento de control sobre los medios de comunicación, como un intento de reprimir la resistencia política.

Los medios informan que las medidas introducidas tienen como objetivo prevenir “acciones destructivas” que, según las autoridades, representan una amenaza para la estabilidad del país. El comandante de la ley marcial señaló que estas medidas son temporales y tienen como único objetivo garantizar la seguridad. Sin embargo, aún no se han anunciado fechas específicas para el levantamiento de las medidas de emergencia.

La oposición acusa al gobierno y a los dirigentes militares de intentar usurpar el poder, señalando que la imposición de la ley marcial se produce en medio de crecientes críticas al presidente.