Tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de "dialogar" con Cuba, se ha registrado un aumento significativo de la actividad de aeronaves de reconocimiento militar estadounidenses en las aguas cercanas a la costa de la isla. Esta tendencia coincide con la intensificación de las sanciones y la reanudación de la dura retórica de Washington hacia La Habana.

Según datos analizados por CNN, desde el 4 de febrero de 2026, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han realizado al menos 25 misiones de reconocimiento con aeronaves tripuladas y no tripuladas cerca de la costa de Cuba. La mayoría de los vuelos fueron realizados por aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, diseñados para vigilancia, así como por aeronaves de reconocimiento electrónico RC-135V Rivet Joint y drones de gran altitud MQ-4C Triton. Las aeronaves se aproximaron a las dos ciudades más grandes del país, La Habana y Santiago de Cuba, a distancias de hasta 64 kilómetros de la costa.

Los expertos destacan que, antes de febrero de este año, este tipo de vuelos de demostración frente a las costas de Cuba eran extremadamente raros, lo que hace que la actividad actual sea particularmente inusual. Los analistas interpretan estas acciones como una señal deliberada a La Habana, especialmente porque se observaron patrones similares antes de las operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán, donde la actividad de inteligencia se intensificó en previsión de una acción militar.

El aumento de la actividad militar se produce en medio de una retórica mucho más dura por parte de Donald Trump. En una entrevista con el programa Full Measure el 9 de mayo, el presidente estadounidense declaró su intención de "comunicarse" con Cuba tras una solución al conflicto de Oriente Medio, calificando a la isla de "en decadencia". Le encomendó al secretario de Estado, Marco Rubio, conocido por su firme postura anticastrista, la gestión del asunto cubano.

Además, el 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía significativamente el régimen de sanciones contra Cuba, imponiendo sanciones secundarias a empresas extranjeras que operan en los sectores energético y minero de la isla y acusando a La Habana de proporcionar un "entorno favorable para operaciones de inteligencia hostiles y terroristas" cerca de las fronteras estadounidenses. La Habana rechaza estas acusaciones, calificándolas de "castigo colectivo" y "actos genocidas", y declara su disposición al diálogo sin derecho a injerencia en sus asuntos internos.